Sábado 9 de Mayo de 2015

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Analizaron organizaciones ambientalistas afectaciones de las grandes presas de AL

Gabriel Espinoza expuso en EU la problemática de los afectados por El Zapotillo

Raul Torres

A solicitud de más de 40 organizaciones ambientalistas nacionales e
internacionales y de comunidades afectadas, entre las que se encuentra Temacapulín, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró en Washington, DC, una audiencia pública para abordar el impacto que tienen en los derechos humanos y el ambiente las grandes presas de América Latina (AL).

Marco Von Borstel, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), informó que en la audiencia se presentaron las conclusiones del informe /Grandes represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad?/, preparado por la Asamblea Internacional de Afectados (Aida) en coordinación con varias organizaciones.

Fue el sacerdote Gabriel Espinoza, representante de los habitantes de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, pueblos afectados por la presa El Zapotillo, quien habló de la situación en México; Rafael González y Astrid Puentes, de Aida, y Shannon Lawrence de International Rivers, complementaron la presentación.

“Más de un millón de personas ya han sido afectadas por grandes represas en América Latina, muchas de ellas indígenas y campesinas. Hay más de 300 grandes represas propuestas en la región que podrían afectar negativamente las formas de vida de cientos de miles de personas y destruir ecosistemas estratégicos, pues no cumplen con los estándares internacionales, como las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas y las normas de derechos humanos”, señaló Rafael González.

Según el informa, los impactos más graves de las grandes represas son la destrucción de ecosistemas, la contaminación de agua dulce, los impactos en cambio climático por emisiones de gases de efecto invernadero, la disminución de la biodiversidad y el aumento de riesgos sísmicos.

Durante la audiencia, los presentadores indicaron que muchos de estos daños se derivan de la falta de estudios integrales de impacto
ambiental, del la ignorancia respecto a los estándares internacionales aplicables y de la falta de análisis comprehensivo de alternativas.

Los representantes de los afectados indicaron que la mayoría de las
veces las comunidades perjudicadas por las presas, en su mayoría pueblos indígenas y campesinos, no son consultados al respecto ni se les otorga información suficiente de los proyectos, por lo que comúnmente las autoridades responsables incurren en hostigamiento.

“Aceptamos que las necesidades de energía y agua se deben solucionar
como un derecho fundamental de las personas, pero no aceptamos la forma en que las autoridades lo quieren hacer porque atentan contra nuestra libertad, contra la vida, la historia, la cultura, la economía, el arraigo”, señaló el sacerdote Gabriel Espinoza.
Fecha: 07/11/2009
Fuente: La Jornada